Una inmensa mayoría de los seres humanos aceptamos con extrema sencillez que la apariencia nos permite en forma general calificar acertadamente a los demás. Maquiavelo así lo sugirió y la neurociencia ha estudiando profusamente el tema empezando por los chimpancés, concluyendo que la inteligencia puede estar determinada por las estrategias que  cada individuo desarrolla para proyectar una imagen favorable en su interacción diaria con los demás en la sociedad. En esa medida el ejercicio de construir imagen se convierte en una labor de alta relojería en donde aquellos con un egocentrismo patológico, en la era del internet terminan es arriesgándola. 

De allí ha surgido lo que se ha denominado como la inteligencia maquiavélica y que desde los años ochenta ha provocado miles de escritos académicos discutiendo la validez y las consecuencias que la misma implica para explicar el comportamiento de los seres humanos. (ver Byrne & Whiten, (1988). Machiavellian intelligence. Oxford: Oxford University Press )

Sin necesidad de sumergirnos en el complejo discurso de los expertos sobre el tema, el sentido común, dada la forma como interactuamos las personas en la sociedad del siglo XXI, nos indica que la mayoría de nosotros creamos y destruimos relaciones, mentimos y contamos la verdad, culpamos y perdonamos, hacemos y rompemos promesas y finalmente somos capaces de construir reglas e ignorarlas. Los fines nobles, para la inmensa mayoría de los seres humanos, generan un sólido compromiso mientras que la imagen que tienen los demás sobre ellos no sea negativamente enjuiciada. Si percibimos que existe el riesgo hacemos gala de nuestra parte egoísta, pues es nuestro bienestar y de quienes están emocionalmente conectados con nosotros, lo que en verdad estamos dispuestos a defender.

Al final, para una gran mayoría de las personas es la búsqueda del éxito lo que determina su proceder cotidiano. El mismo parece ser una mezcla entre poder, riqueza y reconocimiento social. Como estas aspiraciones son legítimas, cultivar una imagen favorable, se convierte en un desafío permanente que implica disputar con otros las oportunidades que llevan al éxito.

En una sociedad donde el Imperio de la Ley, es decir, donde nadie, ni siquiera el primer mandatario de la misma, se puede librar del castigo que implica desobedecer las normas penales, la lucha por el éxito individual, se hace por medios legales y en esa medida la tensión que caracteriza toda competencia, jamás se convierte en violencia, intimidación y/o corrupción para alcanzar el éxito.

Desafortunadamente en Colombia se aceptó hace mucho que para alcanzar el éxito los medios inmorales e ilegales son los idóneos. Dado el subdesarrollo económico, el Estado se entendió como la mayor fuente de éxito personal. Por esos alcanzar a las altas posiciones públicas se determina por la cuna donde se nace, los lugares donde se educa y las relaciones que se tienen. El nepotismo, el clientelismo y el amiguismo son los requisitos indispensables para obtener un cargo público y en esa medida el mismo se usa para avanzar los intereses personales, y de quienes los han nombrado. Los intereses de la sociedad son en el mejor de los casos, secundarios.

De esa forma, el origen de la corrupción que hoy conocemos está conectado al momento que los miembros de las élites entendieron que para detener la matanza partidista, lo que se necesitaba eran estructuras de poder que permitieran que el nepotismo y el clientelismo corrieran como el agua pero mojando “equitativamente” a las dos partes. Allí reside la grandeza histórica del Frente Nacional.

En esas condiciones el acceso al éxito es limitado, pero eso no ha sido objeto de grandes cuestionamientos, pues dado su arraigo, los colombianos aceptan que esa es la forma como se hacen las cosas y en esa medida su práctica reiterada y habitual se ha convertido en una norma social obligatoria, a pesar de que desde 1991 contraviene los valores que inspiran nuestra Constitución Nacional. 

Pues bien, desde que los Medios encontraron en el escándalo una fuente de sintonía y éxito económico durante el pasado gobierno Uribe, la imagen de los funcionarios públicos está amenazada todos los días. Este patrón implica una desgracia para quienes son reportados por los Medios como protagonistas de los escándalos, pero puede ser una oportunidad para quienes dirigen las instituciones de control o en general para quienes le pueden sacar provecho a un escándalo en concreto.

Ellos saben que sus declaraciones en el actual contexto siempre son de interés para los Medios y han decido lanzarse en una carrera no pactada formalmente y cuya meta es reportar más escándalos, iniciar investigaciones y  el premio mayor, concretar sanciones. Tanto Fiscalía, como Procuraduría y Contraloría luchan por mostrar “resultados” y este artículo se extendería dramáticamente si se analizara lo que estos organismos empezaron a hacer más o menos desde el 2008.

Los demás poderes públicos a través de quienes los dirigen manifiestan estar defendiendo la transparencia, pues no pueden arriesgar su imagen posando como defensores de los cuestionados. Esto explica el cambio de opinión de la Fiscalía, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia que para la tercera semana de abril de 2012 habían manifestado su oposición cerrada a la propuesta del gobierno Santos de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura en el actual proyecto de reforma a la justicia. Quien contraviene este principio terminan arriesgando su imagen. 

La suerte está echada para este organismo y a los magistrados que están comprometidos en la presunta falsificación de actas les esperan amargos episodios en los siguientes meses, pues la destrucción de su imagen será el florecimiento de la imagen de otros funcionarios, empezando por la magistrada que le reportó el hecho al fiscal.

El Congreso que se había opuesto reiteradamente a la eliminación de este órgano, al parecer no por razones nobles, pues los magistrados de la sala disciplinaria son producto de la elección de los congresistas de ternas propuestas por el presidente y en el contexto de la parapolítica, es evidente que la selección en muchos casos está conectada con esa circunstancia. Ahora este cuerpo deberá ceder, pues de lo contrario los Medios harán de ellos el centro del escándalo en las próximas semanas, lo cual, puede conducir a señalamientos personales que destruirían la imagen de muchos, pues defender hoy el Consejo Superior de la  Judicatura es declararse enemigo de los Medios y de unos funcionarios que ahora fungen como defensores de la legalidad.

La gigantesca paradoja de este episodio es que una inmensa mayoría de estos últimos funcionarios que hoy posan como íntegros, ocupan esos cargos  gracias al clientelismo, el nepotismo o el amiguismo. En resumen la corrupción sigue estando en las venas del sistema político económico colombiano y los Medios seguirán por ahora sacándole ventaja y proyectándose como auténticos fiscalizadores de lo público, pero la enfermedad estará lejos de ser atajada mientras que la respuesta desde la cabeza del poder público sea amputar un dedo para remplazarlo por otro o, en términos generales, seguir apelando a la tinta y el papel para tratar la enfermedad.