Una de las variables, común entre los Estados que son propensos a convertirse en Fallidos, es su debilidad institucional. Es sencillo demostrar que las instituciones públicas son, en muchos casos, la verdadera razón para explicar las terribles condiciones de vida de los habitantes de un país. Quienes dirigen esas instituciones en estos Estados están allí, en la inmensa mayoría de los casos, por sus conexiones o la cuna donde nacieron. En esa medida, sirven unos intereses particulares, los de sus jefes políticos y/o los de sus allegados que intuitivamente aceptan que se debe aprovechar la “oportunidad.”

En el caso colombiano, la institución encargada de “vigilar” a quienes están siendo investigados o han sido condenados, es la responsable de que la lucha contra el crimen organizado desde tiempos de Pablo Escobar, haya fracasado. Los esfuerzos de las fuerzas armadas, la policía, la fiscalía y los jueces, son burlados por los delincuentes una vez son entregados al Instituto Nacional y Penitenciario, Inpec.

Todo sucede por cuenta de la comunicación ilimitada que en forma “legal” el Inpec desde junio de 2007 instituyó en todo el territorio nacional. Desde entonces, en penitenciarias como La Picota, en Bogotá, los internos tienen acceso a decenas de teléfonos comunes y a tarjetas prepago que se pueden comprar dentro y fuera del establecimiento.

El resultado obvio es que no existe ninguna forma de controlar un sistema diseñado precisamente para no ser controlado. Los únicos que conocen a quién llaman todos los días los más de cien mil reclusos que están bajo “vigilancia” del Inpec y el contenido de esas conversaciones, son ellos mismos. Como lo pruebo en un libro que estoy preparando, este auténtico paraíso para los miembros del crimen organizado ya que pueden dirigir y supervisar en tiempo real las actividades criminales de su respectiva organización, explica la criminalidad que va en ascenso y su consecuencia más notoria: el rotundo fracaso del sistema de justicia penal para detener el avance de la ilegalidad en todo el territorio colombiano y el deterioro permanente de la soberanía interna abriendo el camino para que el Estado colapse en el mediano plazo.

Los funcionarios que implementaron el sistema de telefonía en el 2007, director y secretaria general del Inpec, dadas las evidencias, estaban inspirados por la filosofía de no perder la “oportunidad.” Otros hechos demuestran que se trató además de un típico caso de Captura Mafiosa del Estado, secundado desde la Casa de Nariño. Lo que parece incomprensible, es que casi cinco años después y durante un gobierno nuevo, semejante boquete no se haya clausurado. Sin embargo existe una lógica que lo explica. Como lo advirtió el poeta mexicano Javier Sicilia después del asesinato de su hijo por el crimen organizado en su país en marzo de 2011, más allá del poder de esos grupos, está la desidia y omisión permanente de funcionarios en las instituciones públicas que se limitan a sacarle provecho a la situación.

En América Latina, los funcionarios de dirección y manejo simplemente se dedican a administrar el caos. En su imaginario, mientras que esa administración implique seguir recibiendo una buena asignación mensual y los privilegios que implica ser socialmente reconocido como la cabeza de una institución que maneja un gran presupuesto y una apreciable burocracia, bastan algunos ajustes seguidos de grandilocuentes declaraciones a los medios de tanto en tanto, para mantener bajo control el caos y asegurar su imagen pública. En el peor, pero común de los escenarios cuando la corrupción es generalizada, además de lo anterior, también aprovechan la “oportunidad”.

La actitud del actual director del Inpec que hoy sábado 4 de febrero de 2012, anuncia la destitución del director de La Picota dado que a los primo Nule, otrora los grandes y respetados contratistas del Estado, se les encontró celulares y computadores portátiles en su confortables habitaciones, ratifica cómo se administra el caos, mientras que se mantiene su principio vital.

A pesar de que en septiembre de 2011, el senador Juan Manuel Galán, hijo del Luis Carlos Galán asesinado por Pablo Escobar en asocio con funcionarios estatales, le exigiera públicamente en el Congreso al director del Inpec terminar de inmediato con el contrato de telefonía que garantiza impunidad total y fortalecimiento del crimen organizado, el general sigue administrando el caos, aduciendo que el problema son los celulares, mientras que el poder y la influencia de las organizaciones criminales de toda pelambre sigue creciendo. Basta observar cómo a través de bombas siguen sembrando terror, o simplemente emiten un panfleto y paralizan varios departamentos.

Mientras que los Nule y los funcionarios del Inpec hacen inventario de los 'lujos', nadie le presta atención a la verdadera arma del crimen organizado en las cárceles colombianas: el pequeño teléfono azul empotrado en la pared, que está allí por decisión directa de la dirección general del Inpec, la cual depende del Ministro de Justicia y del Presidente de la República.

Ver Video: http://youtu.be/r7qZ2nRcgoc