Cuando hizo aparición el crimen organizado del narcotráfico en Colombia en los años setenta, la primera respuesta de un Estado, que jamás había podido imponer la ley en condiciones de igualdad a todos los habitantes del territorio, fue “mirar hacia otro lado.”

Esto se podría aplicar a los gobiernos de López, Turbay y parte de Betancurt entre los años 1974 y 1984. El asesinato del ministro de justicia Lara Bonilla en abril de este último año y el del director del diario el Espectador en 1986 obligó a que el gobierno, reaccionara para defender su imagen nacional e internacional. Como resultado, Ledher, la quintaesencia del narcotraficante chabacano y por tanto incómodo para muchos, junto con una decena de narcotraficantes menores, ninguno con responsabilidad directa en los dos crímenes, fueron extraditados.

Para entonces la mafia ya había penetrado la débil institucionalidad colombiana y por tanto el tratado de extradición fue declarado inconstitucional unas semanas después. Capturar instituciones públicas dirigidas por funcionarios designados  en virtud de sus conexiones familiares y políticas, nunca ha sido complicado, más bien, es un proceso natural, pues el funcionario sirve es a quienes lo designaron y en el caso colombiano en los años ochenta, éstos eran una clase política que en su mayoría ya interactuaba y servía a “los nuevos ricos.”

En esta clase de sociedades, donde las oportunidades son un privilegio, cuando la violencia se desborda e intereses económicos tradicionales están en riesgo, el imperio de la ley se convierte en una mercancía. La negociación es la opción preferida por quienes ostentan alguna clase de poder. Por ello, el Frente Nacional, el acuerdo entre liberales y conservadores para repartirse el Estado por 16 años, tiene un valor político y cultural descomunal en la historia colombiana.

El Frente Nacional parecía la prueba de que la violencia puede ceder ignorando la justicia penal y abrazando el acuerdo político. Dado su “éxito”, también se convirtió en la justificación para que los miembros de la sociedad interiorizaran que todo, absolutamente todo, incluso los valores y principios constitucionales, pueden ser objeto de negociación.  Dependiendo de la instancia, la negociación puede ser cuestión de concretar un soborno o, en sus formas más perfectas, de redactar una ley o una reforma constitucional que garantice impunidad para un sector poderoso.

Aquellos que insistan en que nadie puede estar por encima de la ley son una amenaza para un sistema que, una vez validado culturalmente, adquiere movimiento propio y se auto ejecuta todos los días en todos los niveles, empezando por el familiar.

En resumen, la segunda respuesta del Estado al crimen organizado desde 1984 hasta nuestros días, dado que la violencia no cede, ha sido la negociación. Ella refleja una convicción sistémica que la sociedad abraza. Dependiendo de los gustos personales que, hoy está probado, están determinados por cuestiones no solo ambientales sino genéticas, algunos aceptan que se negocie con unos, pero no con otros y los más “pragmáticos” consideran que se puede hacer con todos como lo intentó el gobierno Pastrana.

La fallida propuesta de legalizar un fuero militar sin cualificaciones de ninguna clase, respaldada en principio por el actual gobierno, refleja el mismo patrón. Se cree ahora que dado que el gobierno Uribe negoció con un sector criminal y le hizo la guerra al otro, aunque la violencia no desapareció, se le debe dar carta blanca a las fuerzas armadas.  De nuevo se insiste en que a un sector no se le debe aplicar la ley, sin reconocer que la herencia perversa del Frente Nacional es un compromiso generalizado de los colombianos de no obedecer la ley y más acuerdos solo profundizan la convicción y por tanto la ilegalidad.

El único acuerdo que podría vencer al arraigo colombiano con la ilegalidad sería aplicar a todos la ley, pero en las mentes de quienes toman las decisiones eso es inaceptable, a pesar de que experiencias como la de Hong Kong y Singapur demuestran que la paz y la prosperidad económica se obtienen en menos de una generación haciendo cumplir la ley, no negociándola.