La política denominada Agro Ingreso Seguro fue concebida a finales del 2006 para "promover la productividad y competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía."

Cuando el formato tradicional de la Revista Cambio desaparece en febrero de 2010, supuestamente por razones económicas, a pesar de que uno de sus directores reportó que habían cerrado el 2009 con ganancias, se fue creando la teoría de que la verdadera explicación para que la revista variara de formato y las dos cabezas visibles del esquema de periodismo investigativo salieran de la misma, era producto de una presión desde el gobierno Uribe por las revelaciones, cinco meses antes, de que subsidios no reembolsables se les habían otorgado no solo a  campesinos comunes, sino a toda suerte de personajes, desde reinas de belleza hasta individuos con antecedentes penales.

Los Medios en general seguirían reportando más detalles y al final la conclusión de la opinión pública, la cual se mantiene hasta estos días, es que el programa de Agro Ingreso Seguro se utilizó para entregar miles de millones de pesos a personas que simplemente les sobra el dinero a pesar de que se había advertido que uno de los objetivos del programa era “reducir la desigualdad en el campo” en un país que posee la tercera más escandalosa del mundo. Fácil de entender por el ciudadano corriente, imposible de justificar dado el drama social, este escándalo pudo minar la credibilidad del gobierno Uribe, tal vez en una forma que episodios más graves durante esa administración jamás lo harán.

La presión generada por las revelaciones de los Medios llevaría a que los organismos de control, como la procuraduría y la contraloría, procedieran en contra de los funcionarios involucrados. El paradigma sobre el criterio que definiría la imagen pública en adelante, estaría basado, en la capacidad de los personajes públicos de colocarse en el terreno de los “buenos.” Para finales de 2010, el ex ministro que meses antes se perfilaba como la primera opción para ganar la consulta conservadora y luego convertirse en el primer mandatario del país, respaldado por la gran popularidad  del presidente Uribe, afrontaba una investigación penal ante la fiscalía y sería inhabilitado para ejercer funciones públicas por 13 años. Su muerte política era un hecho.

Así el panorama, es evidente que el escándalo seguirá moviendo la opinión pública colombiana por lo menos en el mediano plazo. Al proceso de Agro Ingreso Seguro ahora se le adicionan las investigaciones sobre lo que se conoce en Colombia como las ‘çhuzadas’ o interceptaciones ilegales a miembros de la Corte Suprema, periodistas, líderes de la oposición y funcionarios de ciertas ONG. También lo que se denominó por los Medios como la yidis-política, que tiene que ver con una supuesta estrategia para conseguir los votos de congresistas necesarios para aprobar la reforma constitucional que avaló la reelección. Lo más grave es que varias de las investigaciones develan una afinidad de altos miembros del gobierno Uribe y paramilitares, definidos por una ya célebre investigación de la Fundación Arco Iris en el 2010 como una “confederación de narcotraficantes.”

Cuatro grandes patrones se pueden extractar del juicio criminal contra el ex ministro Arias, los cuales, podrían explicar las informaciones que sobre Colombia se conocerán en el resto del continente en los siguientes meses. Primero, el gobierno Uribe no percibió lo que el Internet significó para el pequeño periodismo investigativo que empezó a generarse durante los últimos años del Frente Nacional, pero que gracias a la Red adoptó una dinámica arrolladora finalizando el primer mandato de Uribe (2006), cuando empezaron a revelarse informes de que la negociación con los paramilitares estaba llena de detalles escandalosos.

Pronto se evidenció que la radio en la mañana, dedicada por lo general a comentar las noticias de los Medios escritos, se había transformado en un permanente ‘cabildo abierto’ gracias a que las noticias, pasadas las horas y luego los días de producidas, seguían vigentes. Una y otra vez eran consultadas por el público en las respectivas páginas virtuales y cada entrevista a los funcionarios cuestionados, encendían más los ánimos, pues éstos solían responder con desdén y en tono desafiante las preguntas reiteradas de ciertos periodistas que empezaron a  ser percibidos por muchos como los verdaderos defensores de la moralidad pública. Los casos de Felix de Bedouth y Daniel Coronel son apenas una muestra.

Segundo. La estrategia de atacar para defenderse se agotó. Arremeter contra los Medios insinuando que los cuestionamientos se hacen para servir intereses guerrilleros; que los periodistas tienen un pasado cuestionable y/o denunciarlos penalmente por injuria o calumnia, solo ha desprestigiado a los antiguos altos funcionarios del gobierno Uribe, pues un amplio sector de oyentes y lectores lo entienden como cinismo puro.

Tercero. El mismo criterio se aplica para los intentos de plantear que las autoridades judiciales encargadas de investigar estos asuntos, son parte de una “conspiración criminal.” Esa teoría implica hacer creer a los Medios que altos funcionarios de la judicatura y la fiscalía  trabajan con paramilitares presos en los Estados Unidos para atacar a Uribe y sus ex funcionarios, simplemente porque no comparten una misma agenda ideológica. Los cambios generados con la salida de la Fiscal General la semana pasada y la renovación de los magistrados de la Corte Suprema, obligaría a cambiar también esta estrategia de la defensa en el futuro próximo. Es predecible que ahora se  proyecte una gran batalla jurídica, en donde se usará todo el Código de Procedimiento Penal para prolongar la sentencia definitiva.

Cuarta. La tradicional disfuncionalidad de las instituciones públicas en nada se afectará por el resultado de este juicio. Por el contrario, se agudizará. La lucha de la policía, la fiscalía, y la judicatura contra la ilegalidad que se evidencia en las actividades de muchos políticos, de los integrantes de crimen organizado y de ejércitos de funcionarios públicos que entienden su posición como una oportunidad, seguirá siendo una combinación de pequeñas alegrías y grandes desazones. Como lo demuestro en el libro que preparo, la justicia criminal colombiana no ha podido entender la forma como debe afrontar el desafío que el crimen organizado constituye para los Estados afectados por las redes mafiosas que desde Colombia se han tejido en dos décadas y que hoy golpean a México y sus vecinos del sur. Colombia sigue siendo el mayor exportador de cocaína del mundo y las operaciones criminales de los diferentes grupos que ejercen control territorial, especialmente sobre las dos costas colombianas, seguirán expandiéndose. Proporcionalmente se extenderá la disfuncionalidad de las instituciones públicas.